Han sido muchos los “Jueces Estrella”
que han transitado, en calidad de jueces instructores, por la Audiencia
Nacional, y su fama les ha venido por su ulterior defenestración, convirtiéndose
así en “Jueces Estrellados”
Lamentablemente, la Justicia en España está administrada por jueces entre los que destacan, por su falta de discreción y por estar políticamente comprometidos, los que podríamos definir como jueces-estrella.
Además, nuestro sistema jurisdiccional presenta el enorme fallo, que desgraciadamente propicia el estrellato, de que las labores instructoras corresponden a los jueces, cuando esta labor habría de corresponder a la fiscalía o a las acusaciones particulares, debiendo circunscribirse la labor de los jueces a la de juzgar sobre la base de las evidencias presentada por las partes acusadoras.
BALTASAR GARZÓN
JAVIER GOMEZ DE LIAÑO
Juez
Instructor en la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño asumió, en 1997,
la instrucción de una denuncia contra el grupo PRISA.
Gómez de
Liaño procesó a Jesús de Polanco, Juan Luis Cebrián y a todo el
Consejo de Administración de Sogecable, por un presunto delito de apropiación
indebida.
Dictó un
total de siete resoluciones que fueron revocadas en instancias superiores.
En 1998 Jesús
de Polanco lo denunció por prevaricación en la instrucción del
caso y fue condenado por dicho delito y apartado de la carrera judicial.
Recurrió en diversas instancias (incluyendo Tribunal Supremo y
el Tribunal Constitucional) que rechazaron los recursos.
Esta
condena por prevaricación a Gómez de Liaño fue celebrada por Felipe
González, Juan Luis Cebrián y Jesús Polanco en una cena en el restaurante Lucio,
lo que vino a demostrar el carácter puramente político de todo el asunto.
En 2000 recibió un indulto del gobierno (presidido entonces por José María Aznar) para volver a la carrera judicial, con la condición de no incorporarse a la Audiencia Nacional durante 25 años.
FERNANDO GRANDE-MARLASKA
Fernando Grande-Marlaska, hijo del Policía Municipal Avelino Grande y de una burgalesa apellidada Marlasca, por pura cursilería, muy propia de su sexo, unió sus dos apellidos y trató de hacer más vasco el burgalés cambiándole la C por una K.
En su condición de tal, adquirió gran prestigio profesional siendo
designado, a propuesta del PP, miembro del Consejo General del Poder Judicial en
2012.
Pero lo destacable de este juez, es que dejó de serlo para pasar a
formar parte del Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez, alias Pedro el
Sepulturero, en su Gobierno formado en enero de 2020, y en calidad de Ministro
del Interior.
Y aquí es donde se desata la debacle, pues en su condición de
ministro ha cometido una innumerable serie de desmanes que muy posiblemente hagan
que acabe con sus huesos en la cárcel:
1.- La hoy
Fiscal General del Estado, y entonces ministra de Justicia, aparece en unas grabaciones
de un almuerzo con Garzón y Villarejo llamando a Grande-Marlaska “Maricón” sin
que hubiese ninguna respuesta del aludido.
2.- El General
José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil manifestó en
rueda de prensa:
“En la
lucha contra los bulos se trabajaba en dos direcciones: "Por un lado,
evitar el estrés social que producen estos bulos, y por otro, minimizar el
clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.
3.- Con
fecha 25 de mayo, Interior destituyó al coronel Diego Pérez de los Cóbos como
responsable de la Comandancia de Madrid por “pérdida de confianza” al “no
informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil
(...) con fines de conocimiento”.
Así consta en el documento
reservado sobre el cese que firmó el 24 de mayo la directora general del
instituto armado, María Gámez. Fernando Grande-Marlaska atribuyó en su día el
relevo a un “cambio de equipos” y la desvinculó del informe sobre el 8-M
elaborado en su comandancia, pero este martes en el Senado relacionó el cese
con la “filtración” del informe. La oposición pide su dimisión “inmediata”.
Las presiones del ministro de Interior Fernando
Grande-Marlaska frente al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos
han incendiado a la Carrera Judicial, donde se percibe la destitución del alto
mando policial -por "no informar del desarrollo de investigaciones y
actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía
Judicial"- como una auténtica injerencia del Gobierno en el tercer poder
del Estado.
4.- Purga
de la Guardia Civil; Marlaska quiere fuera de la cúpula de la Guardia Civil a
todos los que hayan estado en contra del llamado procés. Y con ello ha
provocado la mayor crisis que se recuerda en el Instituto Armado.
Su deseo es que los mandos de la Guardia Civil, conforme a sus pactos
con ERC y PNV, sean aceptados por el cuadro de mandos de los Mossos, bien
vistos por la Ertzaintza y que, además, sean menos rectos a la hora de
interpretar lo que ha pasado en Cataluña para desjudicializar la situación
catalana.
Pero no lo tiene fácil, ya que la unidad de acción del Instituto
Armado contra el procés ha sido bastante nítida. Al frente de la
maquinaria para impedir el referéndum estuvo el coronel Diego Pérez de los
Cobos, otra de las bestias negras del independentismo, cesado junto con los
tenientes generales Fernando Santafé, jefe del Mando de Operaciones de la
Guardia Civil, y ha presentado su dimisión el director adjunto operativo,
Laurentino Ceña.
Ante esta situación, Marlaska, se saltó la norma no escrita que
establecía que el Mando de Operaciones debía hacerse cargo de la dirección y nombró
sustituto de Ceña al general de división Pablo Salas, número siete en el
escalafón.
Por su parte y para sustituir al coronel Pérez de los Cobos, fíjense
ustedes en la casualidad, nombró al teniente coronel David Blanes González, que
ha sido hasta ahora el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la
Comandancia de Madrid. Precisamente en el momento del escándalo Ábalos/Delcy.
Y mientras todo esto ocurre, y la ultraizquierda quiere destruir el
prestigio e integridad de la Guardia ci¡vil la revista TIME publica una portada
diciendo que La Guardia Civil española es la policía más eficiente del Mundo:
[i] Cometen desacato quienes
insultan, amenazan, injurian o calumnian a una autoridad con ocasión del
ejercicio de sus funciones. La figura está hoy equiparada a los delitos de
injurias y calumnias pues no es perseguible de oficio, sino que requiere la
denuncia del presuntamente ofendido.
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