La “oposición pactista y consensual” ha vuelta a hacer de las suyas.
CiU, Coalición Canaria, y UPN (Traidores!!!) se han “abstenido” en la votación del “DECRETAZO” zapatista, es decir, que han permitido su aprobación, que contiene medidas —que duda cabe que deberían aplicarse— pero que ni deben ser las únicas ni las primeras.
Y mi título en vascuence (el “batúa”, esa lengua inventada “académicamente” porque en el País Vasco tradicionalmente no se entendían ni entre ellos ya que existían, al menos, una decena de dialectos distintos de vascuence) y cuya traducción es "¡¡¡Que Mierda de Consenso!!!, ¡¡¡Estoy abochornado!!!" no es sino un homenaje al “Consenso” que tanto le gusta al PNV y que ahora ha roto, después de votar a favor de los presupuestos del Estado para 2010, eminentemente de gasto desbocado e irrealizables.
No es esta “reflexión heteróclita” el lugar que quiero dedicar al análisis de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno “Zapatista”.
En relación con tales medidas, su adecuación o su conveniencia, su oportunidad y su efectividad, se han manifestado, ampliamente, el Gobierno y sus socios parlamentarios y la oposición.
Para mí la única conclusión a la que puede llegarse es que tales medidas no son ni las únicas ni las prioritarias a adoptar, pues antes de rebajar las pensiones o los sueldos de los funcionarios, hay numerosas medidas de recorte del gasto que podrían haberse adoptado.
De todas formas el discurso podría ser muy largo, por eso dejemos las medidas concretas adoptadas o que debieran adoptarse y centrémonos en el concepto que quiere hoy abordar mi “reflexión heteróclita” y que no es otro que el “Consenso”, esa práctica viciosa de la democracia española desde tiempos de la Transición.
En mi post ”Y LA OPOSICION, DILETANTE… ya decía yo que esta situación no la va a arreglar el PSOE, pero tampoco el PP instalado en esa especie de “Ministerio de la Oposición” en que se ha convertido Génova, y así nos luce el pelo.
Uno de los problemas de nuestra democracia es que el “sistema” —el desastre que padecemos de estructura del Estado todo y sus instituciones— ha sido “consensuado”, durante los últimos 35 años, entre los dos partidos mayoritarios, primero PSOE-UCD, después PP-PSOE, en cada ocasión con los partidos nacionalistas de turno ordeñando la vaca del Estado en su propio provecho.
Así, a lo largo de estos años la confianza social en el “sistema” se ha deteriorado de forma sustancial.
La justicia se ha politizado, haciendo depender el Consejo General del Poder Judicial de la elección de sus miembros por el Congreso, el Senado y las Autonomías.
La economía —arrastrada desde su agujero estructural hasta la fosa de la crisis mundial— no encuentra solución, con unas Cajas de Ahorro convertidas en instrumento de financiación y poder político de los gobiernos autonómicos. Y los bancos en una situación crítica por sus fallidos y su permanente entrega al poder de turno, ya lo dice el dicho popular “El dinero es cobarde y siempre está con el poder”.
La cohesión nacional hecha trizas, concesión tras concesión de los gobiernos de turno a los nacionalismos, desde la UCD pasando por el PSOE, el PP y vuelta al PSOE.
Los principios morales desaparecidos; ya lo dijo Guerra “A este país, después del Gobierno del PSOE, no lo va a conocer ni la madre que lo parió”.
Pero es que el PP tampoco solucionó ninguno de los problemas creados en este aspecto durante el tiempo que estuvo en el Gobierno, ni reguló la unión civil homosexual, que hubiese evitado el disparate del “matrimonio homosexual”; ni quiso abrir el debate social sobre el “aborto”; ni profundizó en medidas de igualdad que hubiese evitado las medidas “justicieras” de Bibi Aído, ni reestructuro las caducas bases de nuestro sistema económico, ni reajustó el sistema abusivo de las autonomías, ni ná de ná...
Es decir, que el PP es cómplice, sino actor, de la estructura del “Sistema”.
Y el problema no es nuevo; En 1978, antes incluso de la aprobación de la Constitución, mi padre manifestaba en unas declaraciones a Pilar Urbano en ABC:
«Ya he dicho en alguna ocasión que el “consenso” me dice tantas cosas que acaba por no decirme nada. No sé si lleva a la democracia, o si la elude. El elector ha de enterarse de lo que dicen y hacen sus representantes. A fuerza de consensos y pactos, el ciudadano ya no sabe, políticamente, a qué se juega. No se siente representado y termina decepcionado y cansado del sistema parlamentario».
Esta posición crítica estuvo muy extendida durante la Transición, en la que la expresión consenso (que llegó a convertirse en un lugar común o lema de la transición) se aplicó insistentemente a la consecución del consenso constitucional o pactos que permitieron la redacción de la Constitución de 1978 por acuerdo de una gran mayoría de las fuerzas políticas. Especialmente se solía identificar el consenso con el entendimiento entre las dos principales: la gobernante (UCD) y el primer partido de la oposición (PSOE), siendo los principales negociadores Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra, lo que trajo como consecuencia el recelo por parte de otras fuerzas políticas, ya que todas las cuestiones venían previamente pactadas, lo que alteraría el mismo sentido de la expresión y la sombra de su carácter no democrático, con lo que pasó a recibir, incluso, un significado negativo.
Efectivamente, el mayor problema del “consenso” es el “secretismo” que inyecta en todas las decisiones políticas que se adoptan bajo su paraguas, pues los pactos de “consenso” de los partidos no se conocen públicamente, con lo que se oculta al votante lo que “dicen y hacen sus representantes”.
Y esta “lacra” viene amparada, esencialmente, en la práctica imperante en nuestro “sistema”, conforme a la cual no se constituyen “Gobiernos de Coalición” entre fuerzas políticas minoritarias, que se corresponsabilizarían de la labor de Gobierno, sino que gobierna un partido minoritario, ante la dificultad de alcanzar mayoría absoluta con un sistema electoral como el D’Hondt, cuyas perversiones ya he analizado en un post anterior, con “pactos puntuales” cuando el partido minoritario que apoya al Gobierno necesita votos para sacar a delante alguna de sus propuestas políticas que requieren decisión parlamentaria, y ello, siempre, a cambio de gabelas en beneficio de los “micropartidos” que ceden su voto, y que generalmente el elector nunca llega a conocer exactamente.
Y si eso es democracia, que venga Dios y lo vea.