jueves, 12 de agosto de 2010

COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS



Prometí en mi post HISPANIA DELENDA ESTque analizaría con mayor detenimiento y sosiego las distintas medidas que proponía para dar solución a la trágica situación económico socio opolítica que atraviesa España.

El primero de estos análisis vengo a recojerlo en esta “reflexión heteróclita” referente al desmán de competencias y gasto de las Comunidadesw Autónomas.

Creo que una de las razones por las que el régimen de autonomías ha fracasado en España, aparte del dislate de gasto que producen, lo ha sido, en primer lugar, el régimen legal electoral vigente, problema al que me he referido en mi post ¡¡¡ O TE CALLAS O TE VAS!!!

El segundo problema ha sido el de la indefinición del concepto de Estado que han padecido nuestros sucesivos gobiernos desde la entrada en vigor de nuestra vigente Constitución, que ha dado lugar a una definición de las competencias de las CCAA y a un proceso de descentralización de las mismas, absolutamente lamentable.


Las CCAA se han convertido no en centros de gestión de los intereses de los ciudadanos, de la Sociedad, en su ámbito territorial, sino en auténticos “Mini - Estados” en proceso de competencia entre ellos, contrario al principio de solidaridad de las gentes y los pueblos de España que proclama el art.xxx de nuestra CE.


La inexistencia de ese concepto claro de Nación, de España, lo puso de manifiesto de modo expreso el Presidente Rodríguez al afirmar en 2004 ante el Senado que “El concepto de Nación es un concepto discutido y discutible”.


Pero el problema de esa indefinición práctica a afectado a todos los gobiernos constitucionales desde la UCD, pasando por el PP hasta el PSOE y todos ellos han contribuido al disparatado sistema de delegación de competencias estatales en las CCAA, empezando por la educación y terminando con la seguridad ciudadana.


El caso de la educación es, posiblemente, uno de los más disparatados, pues ha contribuido a la debilitación del concepto de España mediante la reescritura de la Historia y el invento de las propias “historias” de las autonomías.


Así, las Vascongadas, que históricamente nunca fueron más que territorios tributarios de los reinos de Castilla o Navarra; o Cataluña, que lo más que fue a lo largo de su historia fue un conjunto de condados tributarios de la Corona de Aragón, han pasado a ser, por mor de los libros de texto salidos de las Consejerías de educación de los respectivos Gobiernos autonómicos, territorios históricamente soberanos sojuzgados por España (entendida esta como todo aquello que en la Península no son ellos mismos)


Todo ello ha contribuido a la exacerbación del sentimiento autonómico frente al “Todo” que es España, y a la definición de lo español como lo agresivo y enemigo de esa identidad reinventada.

Y ello es en gran medida causante de la situación existente.


Por otra parte, la desmembración del sistema judicial, con el invento de los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA, por mucho amparo constitucional que el sistema tenga, dejando al Supremo una mera competencia de interpretación uniforme de la Ley, que en muchos casos no llega a cumplirse por verse agotadas las instancias jurisdiccionales en aquellos; o la delegación del sistema sanitario en las CCAA con decisiones que cada CA adopta con independencia en cuanto, por ejemplo, a tratamientos aplicables por el sistema de salud pública en cada Comunidad, han socavado, de forma importante los conceptos de igualdad y de solidaridad Constitucionalmente proclamados.

Y a ello le unimos la existencia de fuerzas de policía autonómicas, normativas de mercado o de comercio independientes, normas sobre uso de la lengua en detrimento del Español, e incluso competencias en materia de puertos, fronteras , etc… el disparate es, a parte de carísimo, incalificable.


Y la solución solo es una, la recuperación de competencias esenciales por parte del Estado, que podría articularse a través de la propia constitución que en su artículo 155 establece que:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.


El asunto es delicado y sin duda será puesto en solfa por la mayoría de las gentes deseosas de mantener, a toda costa, la “paz social”, y muy especialmente por los nazionalistas, pero como ya le dijera Quevedo al Conde Duque:


No he de callar por más que con el dedo,
ya tocando la boca o ya la frente,
silencio avises o amenaces miedo.
¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?


Pues en resumen, ante las amenazas de los nacionalistas de “tomar medidas por su cuenta” con permanente vulneración de las normas constitucionales —y claro ejemplo de ello es la actitud del Gobierno y del Parlamento catalanes, que continúan dictando normas conformes con su Estatuto, incluso en las materias declaradas inconstitucionales, recientemente, por el Tribunal Constitucional, hora es de que se actúe como exigía Quevedo sin atender al miedo y con la valentía suficiente que devuelva las cosas a su legítimo ser.

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