Los “Nazionalistas” son partidos que generalmente encuentran su origen en los “liberales” de la derecha burguesa del S.XIX que trataban de mantener, en sus territorios, los aranceles de entrada sobre mercancías procedentes de otras tierras, con el fin de garantizar la viabilidad y salud de su comercio e industria local.
A ello le añadiremos la existencia de lenguas o dialectos de extensión variada —y siempre repudiados por las clases sociales dominantes, pues hablarlos era propio de las gentes “del campo” venidas a las ciudades como mano de obra proletaria— así como de un folclore y tradiciones locales, generalmente vinculadas a festejos religiosos, y ya tenemos la “idiosincrasia nacional” ahormada.
A continuación solo hace falta algún energúmeno racista, como Sabino Arana, algún iluminado del pelo del catalán Maciá o algún cursi como el el gallego Castelao.
Finalmente filtrémoslo todo con la influencia de los movimientos marxistas obreristas revolucionarios del s.XX…
Et voilá, Nación que nos hemos creado para oponernos al “Centralismo Castellano-Madrileño”.
Es imprescindible poner de manifiesto la influencia notable que han tenido los nazionalismos en la gestación y gravedad de la crisis económica que nos afecta.
Efectivamente a lo largo de los últimos 32 años, desde la aprobación de nuestra Constitución de 1978, con su fatídica introducción de las Autonomías, los nazionalistas han estado exigiendo ingentes sumas de dinero al Estado con el fin de garantizar la “paz social” y evitar la quiebra de la unidad de España.
Ahora van más allá, pues siguen exigiendo sumas ingentes y concesiones económicas sin mesura, al tiempo que, también sin mesura, defienden, de modo incluso agresivo, su derecho a la autodeterminación, a la Independencia, vamos.
Según todos los expertos los presupuestos presentados para el ejercicio 2010 por el Gobierno Socialista del Sr. Rodríguez, no aportaban ninguna medida apta para combatir la situación económica en que nos encontrábamos ya entonces, sin embargo esos presupuestos inútiles fueron aprobados gracias a nuevas concesiones económicas a los nazionalistas Vascos, Gallegos y Canarios.
Su responsabilidad por tanto habrá de ser compartida en relación con la inoperatividad de los poderes públicos ante la crisis.
Por su parte los nazionalistas catalanes, ya suficientemente contentos en el ámbito económico con las cesiones estatales, quieren ahora jugar al independentismo activo, a la autodeterminación, llegando a la osadía de aprobar una iniciativa en el Parlament de convocar un referéndum soberanista.
Y dentro de este “tutum revolutum” prohíben la fiesta de los toros no por que haya que sustraer a los bóvidos lidiados de sufrimientos inhumanos, sino porque se trata de una seña de identidad “españolista” que hay que borrara de la geografía catalana como muestra de pureza Nazional.
Los movimientos separatistas de Vascongadas y Cataluña coinciden con el deseo histórico de Francia de mantener ambas regiones como estados colchón que debiliten a España, rememorando el deseo de Napoleón de trasladar la frontera hispano-francesa de los Pirineos al Ebro.
La frase que encabeza este post, que parafrasea la reiterada por Catón, “Carthago Delenda est”, con la que terminaba todas sus intervenciones en el senado Romano mientras duraron las guerras Púnicas y no implica otra cosa que la expresión obsesiva de un objetivo “Cartago debe ser destruida”, frase que transformada en la que encabeza este post, podría ser perfectamente aplicable y pronunciada por los nacionalistas: “España debe ser destruida”.
Pero… ¿A dónde nos quieren llevar los nacionalistas y muy concretamente los nacionalistas Catalanes?
Zapatero ha caído en los mismos errores que el propio Azaña lamenta en sus escritos, el de fomentar la política nacionalista de los nazionalistas.
Azaña, no era precisamente sospechoso de antinacionalista, como lo demuestran los Pactos de San Sebastián de 17 de agosto de 1930, pactos por él mismo propiciados en los que se negoció y se llegó a un acuerdo para solucionar lo que el propio Azaña definió como “el problema catalán” con un sistema de autonomía sustancial catalana dentro de la unidad de la República, fórmula que los catalanistas negociadores de ese Pacto aceptaron de forma expresa [...] “un Estatuto de Autonomía dentro de la Constitución republicana y sometido a la deliberación y debate de las Cortes de la República"
Sin embargo el propio Azaña se encontró pronto con la deslealtad propia de los nazionalistas, dramática y repetida, lamentando haber fomentado inconscientemente el nazionalismo y sus desmesuras.
Así, de manera dramáticamente desleal, el mismo día de la proclamación de la República, 14 de abril de 1931, Francesc Maciá, declaró en Barcelona el Estat Català. El Gobierno central consiguió la revocación de tal iniciativa, pero de ahí en adelante el nacionalismo se hizo, durante toda la república, codicioso e imparable.
Esa Generalitat, que tenía preparado su Estatuto antes de que estuviese aprobada la Constitución, no se recataba al decir que "Cataluña quiere que el Estado español se estructure de manera que haga posible la federación entre todos los pueblos hispánicos". Nótese que la palabra "España" ya brilla allí por su ausencia y que se trata del mismo discurso que hoy, en 2010 repiten los nazionalistas catalanes.
Pero no paró ahí la cuestión. Azaña hizo lo posible por lograr el encaje del Estatuto en la Constitución, pero no tardó en percatarse de la insaciabilidad del nacionalismo: el 6 de octubre de 1934 Companys, coincidiendo sin inocencia con la insurrección de Asturias, volvió a proclamar el Estat Català.
Ante todos estos acontecimientos, y tal y como relata Eduardo García de Enterría en el libro “Manuel Azaña: Sobre la autonomía política de Cataluña” [Tecnos, 2006], y es generalmente conocido, el propio Azaña escribió:
"Una persona de mi conocimiento asegura que es una ley de la historia de España la necesidad de bombardear Barcelona cada cincuenta años. El sistema de Felipe V era injusto y duro, pero sólido y cómodo. Ha durado para dos siglos".
En mayo de 2007 Miquel Porta Perales, en un interesante artículo publicado en la “tercera” de ABC nos relata la polémica suscitada con ocasión de la discusión del Estatuto de Cataluña en las Cortes de la II República en mayo de 1932, entre Ortega y Gasset y Manuel Azaña.
Según este autor en ambas intervenciones se coincide en algo que se considera una realidad:
“El problema catalán existe: los catalanes siempre se enfrentan con alguien, el particularismo catalanista es un sentimiento que impulsa a una comunidad a vivir al margen, hay muchos catalanes que -aunque no se atrevan a decirlo en público- quieren vivir con España, se debe calmar la deriva soberanista del nacionalismo catalán, cualquier propuesta debe mantenerse dentro de los límites de la Constitución, la solución reside en la autonomía de Cataluña, los recursos del Estado que lleguen a Cataluña no pueden ir en detrimento de los que correspondan a las otras regiones españolas.”
¿Cuál es la diferencia entre ambas intervenciones?
Mientras José Ortega y Gasset afirma que «no se puede curar lo incurable» y que el problema catalán «sólo se puede conllevar». Manuel Azaña cree que la República conseguirá la unión esencial de todos los españoles al «conjugar la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses o los fines generales y permanentes de España dentro del Estado organizado por la República».
El pesimista José Ortega y Gasset frente el optimista Manuel Azaña. Con el tiempo, el primero se mantendrá en el pesimismo mientras el segundo abandonará el optimismo como mostró en “La velada de Benicarló” (1939): «Mientras dicen privadamente que las cuestiones catalanistas han pasado a segundo término, que ahora nadie piensa en extremar el catalanismo, la Generalidad asalta servicios y secuestra funciones del Estado, encaminándose a una separación de hecho».
Para concluir afirmando:
«[El problema catalán es…] En el fondo provincianismo fatuo, ignorancia, frivolidad de la mente española, sin excluir en ciertos casos doblez, codicia, deslealtad, cobarde altanería delante del Estado inerme, inconsciencia, traición. En Cataluña, la historia no sólo se repite, sino que empeora.»
Volviendo al análisis de Miquel Porta Perales: ¿Cuál es el secreto de la persistencia del problema catalán?
Según Porta Perales, dicha persistencia se explica en función de cinco variables.
En primer lugar, la variable ideológica -la frontera interior romántica- propia de quien construye una identidad a la carta con el objetivo de diferenciarse del Otro.
En segundo lugar, la variable psicológica -el narcisismo de las pequeñas diferencias- propia de quien tiende a exagerar su personalidad y espera ser valorado como una cosa especial en virtud de su ser.
En tercer lugar, la variable antropológica -el chivo expiatorio- propia de quien cree que carga sobre sí las culpas de los demás precisamente por ser un cuerpo distinto y no asimilable al colectivo.
En cuarto lugar, la variable económica -la competición por los recursos- propia de quien se vale de la identidad para obtener ventajas de toda índole.
Y, en quinto lugar, la variable política -la suspensión de juicio propiciada por el oportunismo- propia de quien busca sacar tajada -el actual gobierno catalán y el actual gobierno español- de la coyuntura.
Lo grave es que “El problema catalán” puede acabar teniendo dramáticas consecuencias derivadas de la actitud de los Nazionalistas catalanes, que amenazan con “tomar medidas por su cuenta” si no se deroga la sentencia del Tribunal Constitucional y se les da la razón.
¿Pero, qué medidas por su cuenta: Las de Maciá y Companys?
En Cataluña la sobreexcitación nacionalista, puede desembocar, si nadie lo remedia, en comportamientos políticos irresponsablemente rupturistas, mientras que para España, el problema catalán —alimentado por la irresponsabilidad y el oportunismo de un Rodríguez Zapatero que necesita del nacionalismo para mantenerse «como sea» en el poder— no es sino la inexistencia de una concepción de España clara y concreta, la permanente indefinición del concepto de España, concebida como una realidad pendiente de definir al son de las lecturas e intereses que de la misma hagan las partes en cada hora y momento.
El «Estado inerme», decía Manuel Azaña. Si bien se mira, el problema catalán es el nacionalismo catalán. Y el problema español es un Rodríguez Zapatero que, en beneficio propio, ha dado oxígeno, irresponsablemente, —aunque tal debe ser el vicio de los Socialistas patrios, ya que en el mismo optimismo cayera erradamente Azaña— a unos nacionalismos periféricos detenidos en el túnel del tiempo de los derechos históricos medievales y el principio de las nacionalidades decimonónico.
Como dijese Porta :
“Mientras alguien no ponga límite a tamaño desatino, mientras la pesadilla continúe, sólo queda recordar el sabio consejo de José Ortega y Gasset: el problema catalán «sólo se puede conllevar». Conllevar: sufrir, soportar las impertinencias, ejercitar la paciencia.”
Pues bien, tratemos de realizar ese ejercicio, tratemos de plantear fórmulas, que rompan esa permanente paciencia, ese conllevar la realidad, deshaciendo ataduras y negándonos a revivir eternamente esta pesadilla.
Las medidas necesarias no serán, desde luego, ni asimilables por todos los implicados, ni aceptables por algunos, pero habrán de ser adoptadas e impuestas desde la autoridad indiscutible del Estado, pues a nuestro juicio son absolutamente inevitables:
La primera cuestión que debe abordarse es la de reducir la influencia de los partidos nacionalistas al ámbito estrictamente territorial que define su existencia.
Entiendo que los nacionalistas estén dedicados e implicados al ciento por ciento en la gobernación de sus territorios, pero no comparto la necesidad de dotarles de una excesiva fuerza, como hoy ocurre, en el Gobierno nacional.
Ya hemos descrito en nuestro articulo “O te callas o te vas¡¡¡” las consecuencias funestas y la injustificada representatividad parlamentaria de los partidos nacionalistas, que hacen ingobernable España e hinchan como un globo las ínfulas del “provincianismo fatuo” que, según Azaña anida en el nacionalismo.
En vista de los cual es imprescindible un cambio de sistema electoral general, esencialmente en lo que a las elecciones al Congreso de los Diputados se refiere, pues la presencia de los nacionalistas en el senado vendría justificada por su carácter de Cámara de representación territorial.
Propondríamos aquí varias medidas:
a.-La aplicación de un sistema proporcional con correcciones mayoritarias para las elecciones al Congreso.
b.- El computo en circunscripción única nacional del porcentaje de votos necesarios para ostentar representación parlamentaria en el mismo Congreso.
Una vez modificado el sistema electoral, para lo que basta un acuerdo entre PSOE y PP, se procedería inmediatamente a la formación de un Gobierno de salvación Nacional entre ambos partidos, con un programa públicamente explicado y no formulado sobre las prácticas secretistas del “Consenso” sino basado en la publicidad y transparencia total de sus objetivos, que habrían de ser:
I.- La Modificación del régimen de las Autonomías, recuperando para el Gobierno nacional competencias como las relativas a Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público, Defensa, Relaciones Internacionales, Control Presupuestario sobre las Administraciones Autonómicas y Locales, y Ordenación General del Territorio, no en cuanto a la gestión del suelo ni urbanística, sino en cuanto al establecimiento de los procedimientos aplicables y la inalterabilidad de la calificación de espacios protegidos.
II.- La introducción de un voto de censura parlamentario que no obligase a formar gobierno si no a convocar elecciones.
III.- La reforma del procedimiento de nombramiento de los vocales del Consejo general del Poder Judicial determinando la competencia exclusiva, al efecto, de los Magistrados y Jueces en un proceso electoral limitado a los mismos y sin intervención de los poderes ejecutivo ni legislativo.
IV.- La reforma del procedimiento de nombramiento de los Magistrados del Tribunal Constitucional, que deberían serlo con carácter vitalicio e inamovible, y respecto de los que la designación de sustitutos para las vacantes ocurridas habría de producirse por el voto favorable de una mayoría de dos tercios de votos del Congreso.
V.- Restablecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad. Las leyes recurridas ante el TC por el Congreso o el Senado no entrarán en vigor hasta la sentencia. Si la sentencia no se produce en el plazo de dos años se declara la ley nula de pleno derecho.
VI.- Referendum obligatorio sobre leyes aprobadas por el parlamento en relación con los derechos y libertades individuales o las instituciones esenciales del Estado. Si la ley aprobada se declara inconstitucional por el TC después de su aprobación por referéndum, habrá que plantearse la reforma Constitucional.
VII.- La aplicación de un sistema electoral para la designación del FISCAL GENERAL DEL ESTADO como forma de independizar las funciones de defensa de la legalidad que le corresponden, de los vaivenes de la situación política coyuntural fruto de cada proceso electoral politico.
Y finalmente evacuemos la ciudad de Barcelona de su población civil, dejando dentro de ella a sus políticos, de cualquier signo o siglas y procedamos al bombardeo de la ciudad; eso sí, procurando que las bombas solo caigan en los edificios en que tienen su sede las distintas, aunque innumerables, instituciones creadas por los nacionalistas desde la Generalidad, salvando de ellos, tan solo, los que tengan valor histórico-monumental.
No sé si la medida será bien recibida por los nazionalistas, pero como dijera Azaña:
“Es una ley de la historia de España la necesidad de bombardear Barcelona cada cincuenta años. El sistema de Felipe V era injusto y duro, pero sólido y cómodo. Ha durado para dos siglos".
A ver si esta vez nos dura tres o cuatro.
Comprendo que todas las medidas manifestadas más arriba tienen sus pros y sus contras, y tendrán, naturalmente sus detractores y sus defensores, por ello, tal vez, fuese conveniente desarrollarlas todas y cada una de ellas en posts independientes, aunque el ingente trabajo que ello conllevaría no me seduce excesivamente.
Sirvan de momento los esbozos apuntados, y si las musas me otorgan su inspiración, prometo daros la lata con el desarrollo más profundo de cada medida propuesta, aunque realmente ese debiera ser el trabajo de redacción de un programa electoral de un partido sensato.
Efectivamente, bajo el mandato de Enric Llaudet, Presidente de la entidad desde 1961 hasta 1968, se procedió a la gestión y obtención de los permisos para la recalificación de los terrenos de Les Corts, como de los terrenos en que se edificó el “Camp Nou”, pero esas complejas recalificaciones no se obtuvieron por los trámites ordinarios, sino que exigieron una decisión personal de Franco, que acordó solucionar los problemas del Barça en el Consejo de Ministros celebrado en el Pazo de Meirás el 13 de agosto de 1965, que dio lugar a la publicación en el Boletín Oficial del Estado número 228, fechado el 23 de septiembre de 1965, aparece el Decreto 2735/1965, de 14 de agosto, por el que "se aprueba el cambio de uso de una zona verde del Plan Parcial de Ordenación Urbana de la Zona Norte de la avenida del Generalísimo Franco, entre las plazas de Calvo Sotelo y del Papa Pío XII, de Barcelona". ¿Pero como se gestó la decisión de Franco? 
